No
es difícil adivinar lo desagradable que resulta que alguien vaya tranquilo por
la calle y de repente un grupo de personas le increpe gritando consignas sobre
su mala gestión. Pero en este caso el objetivo de las protestas no son
ciudadanos iguales al resto, sino cargos públicos y políticos que se dedican a
gestionar los asuntos comunes con una demostrada ineficacia.
Hay
muchos comentaristas y opinadores que han señalado ya que el “escrache” también
lo viven aquellos sectores de la población hostigados por los bancos y que
están a punto de ser desahuciados por el impago de sus hipotecas. Pero también
son acosados quienes por falta de trabajo no pueden pagar la luz, el gas o el
agua, ni tan siquiera alimentos básicos para él y sus familias. En este caso es
la pobreza la que llama a la puerta y sobre esto pocas voces discordantes han
surgido entre los diputados que ahora al verse perseguidos por las calles han
llevado esta práctica a los juzgados.
Estamos
ante un desastre económico sin precedentes, dicen los expertos, por su duración
y profundidad. Pero más grave aún si cabe es la crisis social que se ha
instalado especialmente en los países del Sur de Europa, teniendo en España
tintes verdaderamente particulares, mal que nos pese. Si en la cuestión
financiera nuestro crecimiento basado en la especulación con el ladrillo ha
aumentado el declive de la economía; la corrupción y el caciquismo en
determinados sectores de la política, la monarquía y la judicatura han acabado minando
la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos. Llegados a estas
circunstancias es necesario mirar hacia atrás en el tiempo unas cuantas
décadas.
Nuestro
país vivió un punto y seguido, que no “aparte”, en su historia con la Transición
democrática que se dio, aproximadamente, a partir de 1975 y puso fin a 40 años
de dictadura. En aquel cambio fue importante el papel de las élites (Suárez,
Carrillo, el general Gutiérrez Mellado e incluso el Rey), pero el empuje
fundamental lo dio la sociedad echándose a las calles con protestas laborales y
sociales impensables unos años antes por la represión a la que se había
sometido al país. Los ciudadanos querían un cambio y los recientemente
legalizados partidos políticos (o en vías de ello) supieron aprovechar y liderar
ese impulso ante un temeroso régimen dictatorial que en sus últimos estertores
aún imponía la muerte en garrote vil como castigo ejemplarizante a quienes
osaran desafiar el orden establecido. Por aquellas fechas lel franquismo estaba
tan moribundo como su creador.
Somos
muchos quienes nos sorprendemos de que la tensión social acumulada en España,
acuciada por la pobreza que ya alcanza al 21%[i] de
la población (cerca de 1,9 millones de hogares tienen a todos sus miembros en
el paro)[ii],
no haya reventado como una olla exprés sin vía de escape.
Es
probable que el colchón familiar (las pensiones de padres y abuelos), así como
la economía sumergida (que forma parte de nuestro ADN desde hace años) estén
reteniendo una protesta que en el momento en el que fluya será imparable. Desde
que la crisis económica arreció ha habido numerosas y masivas movilizaciones
sociales en las calles de muchas ciudades y municipios españoles por cuestiones
tan básicas como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales y la
Dependencia. Es probable que las “protestas del hambre” no sean tan pacíficas
llegado el momento. Son escasas las demandas ciudadanas que han sido escuchadas
por la clase dirigente, por lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
ha decidido hacer escraches directamente a las conciencias de los políticos,
intentando darles un golpe pacífico (aunque desgraciadamente en esto también se
han producido excesos) a sus conciencias para que se enteren de la verdadera realidad,
que sus acciones repercuten en el día a día de la población perjudicando
principalmente a los más débiles. El hecho de que haya ciudadanos que griten a
políticos por la calle, o que interrumpan plenos para protestar contra la
escandalosa estafa de las preferentes (como está ocurriendo en Galicia,
principalmente) es solo una señal que alguien debería saber leer, no solo
reprimir con la intervención de los fiscales[iii].
Además, como sucediera a mediados de los ´70, los vecinos portugueses están
viviendo una situación económica y social similar a la nuestra, aunque su
presidente va unos pasos más adelantado en relación a la ejecución de las
órdenes de la “Troika”, con el consiguiente recorte del gasto público. El
Tribunal Constitucional luso ha dicho que es anticonstitucional suprimir las
pagas extra a funcionarios y jubilados, así como reducir las prestaciones
sociales.
Saltan
chispas de los pedernales que constantemente chocan los gobiernos español y
portugués, respectivamente, con la Unión Europea (bajo las órdenes de Merkel).
Que se prenda la mecha es solo cuestión de tiempo, que al final no se produzca
el fuego depende de la voluntad política de gobernar realmente por los
intereses de la ciudadanía y no de los bancos europeos, sobre todo alemanes, a
los que tanto dinero les debemos.
El
gasto actualmente insostenible que resulta del sistema de pensiones y del resto
de pilares del Estado de Bienestar (Sanidad, Educación, Servicios Sociales y
Dependencia) se consigue con una gestión más eficiente y la eliminación de lo
superfluo. Pero también es indispensable aumentar los ingresos a través del
control de la evasión fiscal de aquellos que concentran la mayor parte del
dinero en España. Sin embargo, sucede todo lo contrario, se incrementan los
impuestos sobre el consumo y la renta del trabajo, es decir, sobre aquellos
factores que están acabando con las clases medias en España. La riqueza se
polariza enormemente, se abre una brecha entre los que tienen mucho y los que
poseen casi nada. En consecuencia, crece una nada despreciable tensión social
soterrada que no tardará en explotar.
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